DOCA Rechaza el Protocolo Antipiquete, la represión de la protesta social y la restricción a la libertad de expresión

DOCA Rechaza el Protocolo Antipiquete, la represión de la protesta social y la restricción a la libertad de expresión

Desde la Asociación de Documentalistas de Argentina (DOCA) expresamos nuestro más enérgico rechazo al Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas y convocamos a todos los documentalistas a sumarse a este repudio.
Mientras el protocolo represivo, enmarcado en la aún vigente Ley Antiterrorista  e  impuesto por la Ministra de Seguridad Patricia Bulrich y el Presidente Mauricio Macri, intenta escudarse en la preocupación por los cortes de tránsito y el derecho a la libre circulación –cuando ellos mismos provienen de un sector nutrido, entre otros, por ruralistas cortadores de rutas-, en realidad no hace más que enmascarar su intención de contener mediante la represión la reacción contra ajustes y despidos y la cobertura y difusión mediática de estas manifestaciones populares. En este sentido las instrucciones de Bullrich pretenden sofisticar los métodos empleados por su antecesor Berni en la Panamericana donde resultaron heridos compañeros documentalistas de nuestra asociación.
Paralelamente a las medidas contra los manifestantes que el protocolo establece, introduce un apartado relativo al trabajo periodístico, donde es afectada también nuestra tarea como documentalistas; y que determina que el mismo deberá realizarse en una zona delimitada por el operativo que no deberá interferir en su accionar y aclara que sus materiales no deberán ser destruidos por la fuerza pública.  Sus impulsores sostienen que se trata de proteger a los trabajadores de prensa de la represión que ellos mismos llevarán a cabo, pero la aclaración sobre la no destrucción de los materiales supone que su vigencia caduca cuando el equipo periodístico atraviese los límites de la ubicación determinada por el operativo, ya que dicha violación constituiría una interferencia en el libre accionar represivo de las fuerzas de seguridad.
Como documentalistas, rechazamos los límites a nuestro registro audiovisual, el cual sería, según dicho protocolo, reemplazado por un registro propio de las fuerzas de seguridad para ponerlos a disposición de la justicia., Esto implica, por un lado,  que esas imágenes ‘oficiales’ podrían utilizarse para hacer inteligencia, como lo hizo la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) persiguiendo hasta 1989 a luchadores y luchadoras sociales. Y por otro, que la restricción al registro independiente funcionaria como forma de liberar la zona al accionar criminal, como ocurrió  en el crimen de Mariano Ferreyra, donde se comprobó que el registro policial cesó cuando la patota de  la Unión Ferroviaria  emprendió su ataque mortal y atacó a periodistas de C5N para que abandonaran el registro.
No es este el único caso, basta recordar que las imágenes tomadas por documentalistas también han servido de prueba en la masacre de Puente Pueyrredón y son emblema de la lucha del 19 y 20 de Diciembre del 2001. Yendo más lejos las imágenes del bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio del 55 no hubieran existido con protocolo. Así como sin las imágenes del golpe de 2002 en Venezuela, que no fueron televisadas sino registradas por documentalistas, no habríamos conocido jamás la reacción popular que lo frenó.
Entendemos que esta medida contribuye tanto a la represión de la protesta social como a la impunidad estatal para ejercerla;
Si el protocolo constituye un cercenamiento de la libertad de prensa a medios privados y públicos, da rienda suelta a la represión del documentalista, quien elige libremente su punto de vista en el registro, comparte el lugar de los manifestantes y es protagonista del acontecimiento histórico.
Por todo esto:
- Rechazamos el protocolo represivo
- Exigimos la total libertad del trabajo periodístico y documental
- Repudiamos el secuestro del material audiovisual

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