El Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, junto al Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA) y la Universidad de San Martín (USAM), lanzó un plan de promoción de la producción audiovisual para las televisoras de propiedad estatal. El plan cuenta con 34 millones de pesos para ser distribuidos entre nueve concursos diferentes de documentales y de ficción, cuyo propósito sería, según lo planteado por Osvaldo Nemirovsci (coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre), “vincularse con organizaciones comunitarias (...) donde se cuentan historias de otra manera y desde otro modelo cultural en el que no todo esté basado en el rating y en las pautas (publicitarias)”.
En esta línea, funcionarios del gobierno fueron al Encuentro Nacional de Documentalistas realizado recientemente en Córdoba para presentar las bondades de este plan; “abrir un canal de ‘expresión a todas las voces’” y enfrentar “al modelo de país de los medios concentrados y las cinco productoras”. Señalaron que el plan es un brazo de “la Ley de Medios que lucha contra los monopolios” y no dudaron en precisar que la continuidad del fomento a la producción de estos contenidos depende del éxito electoral del gobierno en 2011.
Sin embargo, los creadores individuales o colectivos que quieran ser vehículo de las voces que buscan expresarse contra los monopolios deberán primero convencer a los jurados, de mayoría gubernamental (secretarios de cultura, sindicatos afines, directivos de universidades, etc), para luego pasar –según las bases de los concursos– por un férreo control ideológico. La presidenta del INCAA designará un tutor para cada proyecto y “los ganadores considerarán de buena fe los aportes efectuados por el tutor designado y acogerán sus sugerencias con respecto al contenido de la obra y su realización”.
En el mismo encuentro de Córdoba se evidenciaron los límites objetivos que están planteados a la libertad de expresión en el marco de esta disputa entre el Estado K y los monopolios mediáticos. Los documentalistas agrupados en la Red Andina advirtieron a los funcionarios que la presencia de jurados representantes de las universidades no es una garantía de idoneidad sino de proscripción, señalando que aquellas que reciben fondos de La Alumbrera vetarán la expresión de las voces que mayoritariamente rechazan la minería a cielo abierto en sus pueblos. Habría que agregar que si la continuidad del fomento dependerá del apoyo electoral al gobierno recontra minero de los Kirchner, la expresión de las voces contra los monopolios mineros no está garantizada, ni antes ni después de 2011.
Frente al proyecto final, también se pronunciaron en el Encuentro los representantes de la Asociación de Documentalistas Argentinos (Doca), que solicitaron el retiro de los “tutores” sobre los contenidos de la producción y exigieron la participación en los jurados.
Los trabajadores
Un reciente informe publicado por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (Sica) muestra una caída del empleo bajo convenio en la industria (de publicidad y largomentrajes) del orden del 30%. La burocracia yaskista del Sica, que apoyó a gritos la Ley de Medios K, pretendió ilusionar a los trabajadores del medio con que su implementación redundaría en más trabajo. Otro tanto ha planteado la directiva del Sindicato Argentino de Televisión (SAT).
¿Qué les depara a los trabajadores el plan del gobierno para nutrir de contenidos a sus señales? El gobierno que se jacta de crear empleo en blanco podría haber optado por la creación de canales y productoras propias, empleando a trabajadores del medio en cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo del SAT.
Sin embargo, ha optado por un plan de tercerización dirigido a las pequeñas productoras. En uno de sus artículos aclara que “el productor será el único responsable de los efectos resultantes de la planificación, ejecución y puesta en marcha de la obra audiovisual, y se compromete a mantener indemne al Estado nacional (...) de la posible indemnización, daños, costos, costas y honorarios”.
El mecanismo que utilizan los patrones de las pequeñas productoras oscila entre el negreo liso y llano, la “facturación de servicios” o la conformación de “cooperativas” fraudulentas. Los montos ofrecidos a los ganadores de los concursos se encuentran por debajo de los promedios de costos con los que actualmente se produce para, por ejemplo, el canal Encuentro, “obligando” a estas patronales a profundizar estas políticas.
Una oportunidad
La puesta en marcha de este concurso ilumina la política con la que el gobierno pondrá en marcha su Ley de Medios. Por la vía de la tercerización se profundizará la precariedad laboral de los trabajadores audiovisuales. Por la de la “los tutores”, pretende la expropiación de las ideas de los creadores independientes para moldearlas en su beneficio.
Las voces que se escucharon en Córdoba deberán prepararse para hacer valer sus reclamos y derribar la injerencia de todo tipo de control ideológico sobre la producción audiovisual para las señales estatales, e incluso por participar con voz y voto de las decisiones de programación de dichos canales. Los trabajadores del medio audiovisual tenemos que deliberar en los sindicatos y definir acciones para que se reconozca la relación laboral con el Estado, salarios de convenio y todos los derechos sindicales.
